Primer examen para la LA PROVISIÓN DE 55 PLAZAS DEL CUERPO DE GESTIÓN, GRUPO A, SUBGRUPO A2, EN TURNO LIBRE ORDINARIO Y LIBRE | Examen oficial

DATOS DEL EXAMEN

Información principal

Organismo: Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada
Fecha del examen: 01/01/2021
Tipo de prueba: Test
Nivel: A2
Preguntas cargadas: 90
Corrección: Sin penalización configurada

PRUEBA OFICIAL

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1La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución española:

Mayoría absoluta de las Cortes Generales en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Mayoría absoluta del Senado en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Mayoría simple de las Cortes Generales en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

2De conformidad con lo previsto en el artículo 128.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el ejercicio de la potestad reglamentaria NO corresponde a:

el Gobierno de la Nación. los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. los órganos de gobierno locales. las Asambleas Parlamentarias de las Comunidades Autónomas.

3 Conforme establece el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:

Aquellos colectivos de personas físicas que, por su capacidad económica y técnica, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Los representantes legales del interesado persona física. Quienes ejerzan actividades profesionales para las que se requiera colegiación obligatoria, a excepción de los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Las entidades sin personalidad jurídica.

4De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas. Los actos que se dicten de conformidad con el dictamen de órganos consultivos. Los actos que se dicten para ordenar la práctica de pruebas propuestas por los interesados. Los actos que resuelvan procedimientos de responsabilidad patrimonial.

5Respecto a la práctica de las notificaciones, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es cierto que:

Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la electrónica, por respeto al principio de celeridad en el cumplimiento de trámites. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y será válida siempre que permita tener constancia de su envío o puesta a disposición, aunque no pueda confirmarse la recepción o acceso por el interesado o su representante. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Asimismo, previamente y con carácter facultativo, podrán publicar ese anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. La notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración.

6El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comprende:

La Administración General del Estado, únicamente. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y la Administración Local, exclusivamente. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, si bien en ente último caso con carácter supletorio, en defecto de normativa autonómica propia. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, la Administración Local y el sector público institucional.

7En relación con los interesados en el procedimiento, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que:

Tendrán derecho a ser asistidos de asesor cuando la complejidad del procedimiento así lo requiera, a criterio del instructor. Tendrán la consideración de interesados aquellas personas físicas o jurídicas que tengan intereses que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, sin necesidad de personarse en el procedimiento. Podrán cumplir sus obligaciones de pago únicamente a través de los siguientes medios electrónicos: transferencia o domiciliación bancaria. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, tendrán la consideración de interesados como titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

8El documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, se denomina, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Comunicación previa Modelo normalizado Acuerdo de iniciación Declaración responsable

9La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la declaración de lesividad de actos anulables:

Podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Deberá notificarse a los interesados a efectos de interposición del recurso que consideren oportuno. Si el acto afectado hubiese sido dictado por la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente. Es requisito previo para la impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme al artículo 48 de la citada norma.

10Respecto a los convenios de colaboración que la Administración del Principado de Asturias suscriba con otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, es cierto que:

En caso de ser precisa su modificación, corresponderá autorizarla a la Junta General del Principado de Asturias. El convenio deberá especificar el plazo de vigencia, que no podrá ser superior a 5 años con carácter general. Excepcionalmente, los convenios podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. Si la suscripción del convenio implica obligaciones financieras para la Comunidad Autónoma, exigirá previa existencia de crédito suficiente.

11En lo que respecta a la interposición del recurso de alzada es cierto que:

El plazo para interponerlo será de un mes si el acto fuera expreso y de tres meses si no lo fuera, empezando a contar el plazo desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste lo remitirá al competente para resolver en el plazo de cinco días. Transcurridos los plazos legalmente establecidos para la interposición del recurso sin haberse interpuesto, la resolución será firme y susceptible de recurso extraordinario de revisión en todo caso. El plazo para interponerlo será de un mes, si el acto fuera expreso. Si el acto no fuera expreso, podrá interponerse el recurso en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

12En materia de cooperación entre Administraciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, han de atenerse a lo siguiente:

No cabe la cooperación en materia patrimonial, cuando suponga cambio de titularidad o cesión de bienes. Los órganos de cooperación articulados entre distintas Administraciones Públicas no podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado. En ningún caso la cooperación supondrá la participación en órganos consultivos de las otras Administraciones Públicas. La formalización de relaciones requerirá la aceptación expresa de las partes, mediante la firma de acuerdos de órganos de cooperación o a través de convenios.

13De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con el objeto de posibilitar la reutilización de sistemas y aplicaciones informáticas de propiedad de la Administración, las distintas Administraciones Públicas las pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite, si bien teniendo en cuenta que:

Únicamente podrán poner a disposición las aplicaciones que hayan sido declaradas como de fuentes abiertas, por razones de transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública. Únicamente podrán poner a disposición las aplicaciones desarrolladas por sus servicios, no las que hayan sido objeto de contratación. Las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición de una aplicación, podrán consultar en el directorio general de aplicaciones, dependiente de la Administración General del Estado, si existe una solución disponible para su reutilización, y de existir valorarán la oportunidad de su utilización. Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas.

14De conformidad con la Ley 40/2015, , de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, siempre conforme a los siguientes requisitos de validez y eficacia:

El plazo de vigencia de los convenios no podrá ser superior a cuatro años, sin posibilidad de acordar prórroga alguna. Los convenios suscritos por la Administración General del Estado se perfeccionarán una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Si el convenio incluye compromisos financieros, quienes lo suscriban deberán tener capacidad para financiar los asumidos durante, al menos, el primer año de vigencia del convenio. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública y facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos.

15De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, podrán ser objeto del recurso especial en materia de contratación, las siguientes actuaciones:

El acuerdo de adjudicación de concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado no supere los dos millones de euros. El acuerdo de adjudicación de un contrato de servicios que haya seguido el trámite de emergencia. Los pliegos y documentos contractuales de los contratos de suministro y servicios que tengan un valor estimado inferior a cien mil euros. Los acuerdos de rescate de concesiones.

16Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a la hora de determinar el importe del valor estimado de un contrato administrativo de servicios, NO se tendrá en cuenta:

Los gastos generales de estructura. Las eventuales prórrogas del contrato. El beneficio industrial del contratista. El Impuesto sobre el Valor Añadido.

17Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tratándose de un procedimiento de adjudicación de un contrato de suministro, cuyo valor estimado sea inferior a 35.000 euros, podrá acudirse a un procedimiento abierto simplificado cuya tramitación tendrá las siguientes características:

Se requerirá la constitución de garantía definitiva y se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional. No se requerirá la constitución de garantía definitiva y se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera, aunque sí deberán acreditar la técnica o profesional. No se requerirá la constitución de garantía definitiva, pero los licitadores deberán acreditar la solvencia, tanto la económica y financiera, como la técnica o profesional. No se requerirá la constitución de garantía definitiva y se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional.

18Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los supuestos de modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, serán obligatorias para los contratistas las modificaciones del contrato acordadas por el órgano de contratación cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía:

Que no exceda del 20 por ciento del valor estimado del contrato, IVA excluido. Que no exceda del 15 por ciento del valor estimado del contrato, IVA excluido. Que no exceda del 20 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. Que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

19De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación de un contrato de obras requiere, respecto del correspondiente proyecto -que definirá con precisión el objeto del contrato-, previamente y por este orden:

La elaboración, aprobación, supervisión, y replanteo. La elaboración, supervisión, replanteo y aprobación. La elaboración, replanteo, supervisión y aprobación. La elaboración, supervisión, aprobación y replanteo.

20En relación con la actividad administrativa de intervención señale la respuesta correcta:

La declaración responsable está sujeta a intervención previa de la Administración. La autorización administrativa es siempre un acto discrecional. La comunicación previa es un acto jurídico privado no sujeto a un control administrativo posterior. La autorización administrativa es intransmisible si se ha otorgado en razón de la persona.

21Según el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de subvenciones del Principado de Asturias, las subvenciones y ayudas concedidas por el Principado de Asturias tendrán siempre carácter voluntario, sin naturaleza contractual aun cuando fueren otorgadas mediante concurrencia pública y:

Podrán ser invocadas como precedente pero no será exigible aumento o revisión. Podrán ser invocadas como precedente y será exigible aumento o revisión. No podrán ser invocadas como precedente pero será exigible aumento o revisión. No podrán ser invocadas como precedente ni será exigible aumento o revisión.

22De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones:

Cuyo otorgamiento venga impuesto a la Administración por norma de rango legal. En que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario. En que se acrediten razones debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. Previstas nominativamente en los Presupuestos.

23Señale la opción INCORRECTA. Según la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, el Ministerio Fiscal interviene en los procedimientos de expropiación forzosa cuando:

Fuere la propiedad litigiosa. No comparecieren en el expediente los propietarios o titulares. Los propietarios o titulares estuvieren incapacitados y sin tutor o persona que les represente. Comparecieren en el expediente arrendatarios, sean los inmuebles rústicos o urbanos.

24Según dispone el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, además del resultado dañoso producido:

El grado de participación, la responsabilidad personal del profesional al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. El grado de culpabilidad, la responsabilidad individual del profesional al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. El grado de participación, la responsabilidad personal del profesional al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. El grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

25De conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de:

Dictar el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador. Calificar las infracciones según la gravedad de los hechos. Dictar la resolución del procedimiento sancionador. Producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.

26Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa deberá:

Solicitar dictamen vinculante del Consejo de Estado u órgano similar de las Comunidades Autónomas. Obtener dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano similar de las Comunidades Autónomas. Obtener informe favorable del Gobierno o Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas. Previamente, declararlo lesivo para el interés público.

27Qué criterio de adhesión a la Unión Europea debe cumplirse como condición para que se pongan en marcha las negociaciones de adhesión, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de la Unión:

La capacidad de asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, en particular suscribir los objetivos de la unión política, económica y monetaria y adoptar las normas y políticas comunes que constituyen la legislación de la Unión, es decir, el acervo comunitario. La existencia de una economía de mercado viable, así como la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Deben de cumplirse las tres condiciones mencionadas. La existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, y el respeto y la protección de las minorías.

28Los Jefes de Estado o de Gobierno de todos los países de la Unión Europea más su Presidente y el Presidente de la Comisión Europea constituyen:

El Consejo de Europa. El Consejo Europeo. El Consejo. Ninguna de las anteriores es correcta.

29Un juez nacional, en lo que respecta a la relación entre el Derecho de la Unión Europea y su ordenamiento jurídico nacional, si se encuentra con una legislación nacional contraria al Derecho de la Unión Europea:

No puede inaplicarla directamente, sino que deberá solicitar previamente su eliminación. Deberá derogar la norma interna incompatible con el Derecho de la Unión. Deberá aplicarla de todos modos. Deberá inaplicarla, sin pedir ni esperar a su previa eliminación, como consecuencia de la primacía del Derecho de la Unión.

30A quién corresponde la administración del Fondo Social Europeo:

Al Consejo Europeo. Al Parlamento Europeo. Al Consejo. A la Comisión Europea.

31Conforme con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, ¿con cuál de las siguientes actividades NO es compatible el ejercicio de las funciones de un alto cargo?

El desempeño de las actividades ordinarias de investigación propias del organismo o institución en el que ejercen sus funciones, sin percibir en tales casos remuneración por ello. Las actividades privadas de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas. El desempeño de la presidencia de las sociedades mercantiles en las que la Administración del Principado de Asturias tenga directa o indirectamente participación mayoritaria o dominio efectivo cuando la naturaleza de los fines de la sociedad guarde conexión con las competencias legalmente atribuidas al alto cargo. La representación remunerada, por cualquier concepto, en los consejos de administración de empresas en las que la Administración del Principado de Asturias tenga directa o indirectamente participación.

32Las siglas del modelo de gestión de calidad EFQM corresponden al significado:

European Foundation for Quality Management. European Foundation for Quality Maintenance. European Formation of Quality Maintenance. European Formation of Quality Management.

33Según la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, el acceso a la información:

Es gratuito únicamente para las personas físicas. Exige, en todo caso, el previo pago de una tasa o precio público. Requiere el previo pago de una tasa o precio público que no exceda de la mitad del coste real en que se incurra. Es gratuito.

34Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales, la Agencia Española de Protección de Datos es:

Agencia estatal. Consorcio. Organismo autónomo. Autoridad administrativa independiente.

35Señale la opción INCORRECTA. De conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, la Administración del Principado de Asturias, para promover la igualdad de oportunidades, respecto de sus empleados y empleadas públicas, deberá:

Fomentar la formación en igualdad de su personal, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional. Establecer medidas de prevención y protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Establecer medidas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en las áreas o sectores de la administración en que exista subrepresentación.

36Señale la opción INCORRECTA. Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, los servicios sociales serán incompatibles entre sí, a excepción del servicio de Teleasistencia que será compatible con el:

Servicio de Prevención de las situaciones de dependencia. Servicio de Ayuda a domicilio. Servicio de Centro de día y de noche. Servicio de Atención residencial.

37La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia distingue las siguientes situaciones de dependencia:

Dependencia moderada, Dependencia leve, Dependencia severa, Gran dependencia. Dependencia leve, Dependencia severa, Gran Dependencia. Dependencia leve, Dependencia moderada, Gran dependencia. Dependencia moderada, Dependencia severa, Gran Dependencia.

38Respecto del personal eventual, dispone el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que:

Es aquel personal que, en virtud de cualquiera de las modalidades de contrato de trabajo previstas en la legislación laboral, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. Su cese no está vinculado al de la autoridad a la que presta la función de confianza o asesoramiento. Es aquel personal que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza, entre otras, funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. Será de aplicación al mismo el régimen general de los funcionarios de carrera, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición de personal eventual.

39Corresponde al titular de cada Consejería, de conformidad con lo establecido en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias:

Aprobar las normas de organización y funcionamiento de cada uno de los Registros de Personal. Resolver los expedientes de compatibilidad del personal a su servicio. Determinar los puestos de trabajo de personal eventual dentro de los créditos presupuestarios consignados al efecto. La adopción de las medidas necesarias para garantizar los servicios mínimos en los casos de huelga del personal, previa consulta a las Centrales Sindicales más representativas.

40Conforme a lo previsto en el artículo 11 del Reglamento de Selección e Ingreso de Personal de la Administración del Principado de Asturias, el Presidente del Tribunal en los procedimientos de selección del personal funcionario será designado:

De entre funcionarios de carrera o personal estatutario fijo de la Administración del Principado de Asturias. Indistintamente entre funcionarios de carrera o personal estatutario fijo de la Administración del Principado de Asturias o de otras Administraciones Públicas. De entre funcionarios de carrera de la Administración del Principado de Asturias, salvo que circunstancias especiales aconsejen que el nombramiento recaiga en persona ajena. 13 Indistintamente entre funcionarios de carrera de la Administración del Principado de Asturias o de otras Administraciones Públicas.

41Conforme a lo estipulado en el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios del Principado de Asturias:

En la adjudicación de puestos de trabajo a funcionarios de nuevo ingreso, los aspirantes procedentes del cupo de reserva para personas con discapacidad elegirán destino con posterioridad al turno de promoción interna y con preferencia a los restantes aspirantes del turno libre. En los concursos de provisión de puestos de trabajo los méritos se valorarán con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en los mismos. Excepcionalmente, en casos de urgencia o inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán cubrirse mediante adscripción provisional, si bien se convocarán necesariamente para su cobertura con carácter definitivo por los sistemas previstos en las relaciones de puestos de trabajo. Cuando las necesidades del servicio lo exijan, los puestos de trabajo podrán cubrirse mediante la redistribución de efectivos.

42En el supuesto de cese de un funcionario de carrera de la Administración del Principado de Asturias del puesto obtenido por libre designación en otra Administración Pública, dispone el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado que:

El funcionario permanecerá en la Administración de destino, que deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos de aplicación. El funcionario podrá optar entre ser asignado a otro puesto de trabajo de la Administración de destino o ser adscrito a un puesto de su Administración de origen, estando ambas Administraciones obligadas a disponer lo necesario al efecto, con efectos económicos y administrativos desde el día siguiente al del cese. En el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, el funcionario deberá solicitar el reingreso al servicio activo en su Administración de origen que, de no recibir dicha solicitud, le declarará de oficio en situación de excedencia forzosa. 14 En el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, la Administración de destino podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de dicha Administración o comunicarle que no va a hacer efectiva dicha adscripción.

43Establece la normativa de aplicación en materia de Incompatibilidades en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias que:

La invocación o uso de su condición pública, por el personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias, para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional, deberá ser previamente autorizada por el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma. Los altos cargos del Principado de Asturias podrán compatibilizar su actividad con la de diputado de la Junta General del Principado de Asturias, si bien no podrán percibir remuneración de la asamblea parlamentaria, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan legalmente. Se entenderá reconocida la compatibilidad del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias para ejercer actividades privadas, una vez transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de presentación de la solicitud sin que la Administración adopte la resolución correspondiente. No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiere autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas.

44Señale la respuesta INCORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, estarán obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social:

Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. Las personas que presten servicios retribuidos en entidades o instituciones de carácter benéfico-social. Los funcionarios del Estado transferidos a las Comunidades Autónomas que hayan ingresado o ingresen voluntariamente n cuerpos o escalas propios de la Comunidad Autónoma de destino. Los miembros del Cuerpo Único de Notarios.

45Conforme a lo estipulado en el Decreto 92/1989, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del Servicio en la Administración del Principado de Asturias:

La indemnización devengada por la realización de comisiones de servicio es irrenunciable. Las comisiones de servicio con derecho a indemnización serán encomendadas por el órgano competente, por propia iniciativa o a iniciativa propia del funcionario. Toda comisión con derecho a indemnización, salvo casos excepcionales, no durará más de 15 días en territorio nacional. La indemnización por destino en el extranjero se abonará en doce mensualidades y mientras se mantenga el desempeño efectivo del puesto.

46Determina el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estará sujeta a los principios de:

Legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y eficacia. Legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y objetividad. Legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad e irretroactividad. Legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.

47De conformidad con lo dispuesto en el V Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración del Principado de Asturias, en el supuesto de extinción del contrato de trabajo por dimisión del trabajador:

El trabajador deberá ponerlo en conocimiento de la dirección de personal correspondiente con un plazo de preaviso de al menos 15 días si el contrato fuera de duración superior a seis meses. No es exigible preaviso por parte del trabajador en ningún caso. El trabajador deberá ponerlo en conocimiento de la dirección de personal correspondiente con un plazo de preaviso de al menos 15 días si el contrato fuera de duración superior al año. El trabajador deberá ponerlo en conocimiento de la dirección de personal correspondiente con un plazo de preaviso de al menos 15 días en todo caso.

48Señale la respuesta INCORRECTA. Al amparo de lo dispuesto en el Texto Refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores, deberán constar por escrito los siguientes contratos de trabajo:

Los contratos formativos. Los contratos de relevo. Los contratos de los trabajadores que trabajen a distancia. Los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a quince días.

49El personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración del Principado de Asturias tiene, entre otros derechos sindicales, el de realizar asambleas de carácter general convocadas:

Por los Comités de Empresa, con un preaviso de al menos 48 horas. Por el 20% del total de la plantilla, con un preaviso de al menos 48 horas. Por el 15% del total de la plantilla, con un preaviso de al menos 24 horas. Por las Secciones Sindicales, con un preaviso de al menos 24 horas.

50En materia de conflicto colectivo y huelga, en el ámbito de aplicación del V Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración del Principado de Asturias, el marco en el que se promueva la conciliación previa de las partes en litigio será:

La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC). El Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC). La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. La Comisión Mixta Paritaria.

51De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 33/1999, de 18 de junio, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración del Principado de Asturias, dicho Servicio:

Tendrá la calificación de Servicio mancomunado para la Administración del Principado de Asturias. Estará estructurado en dos áreas: medicina del trabajo y psicosociología aplicada. Deberá someter, entre otros documentos elaborados por el mismo, a informe del Comité General de Seguridad y Salud, la documentación de carácter personal derivada de las actuaciones de vigilancia de la salud. Se dotará con personal dependiente en su totalidad de la Administración del Principado de Asturias y de sus organismos o entes públicos mancomunados.

52Dispone el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social que el sistema de la Seguridad Social se fundamenta en los principios de:

Universalidad, territorialidad, previsión e igualdad. Contribución, unidad, solidaridad y equidad. Generalidad, unidad, previsión y equidad. Universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.

53A efectos del mantenimiento del derecho a las prestaciones económicas de la Seguridad Social para cuya percepción se exija la residencia en territorio español, dispone el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social que el beneficiario tiene su residencia habitual en España:

Cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas laborales o profesionales debidamente acreditadas. Cuando haya tenido estancias en el extranjero superiores a ciento veinte días naturales a lo largo de cada año natural. Cuando haya tenido estancias en el extranjero superiores a noventa días naturales a lo largo de cada año natural. Cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.

54Establece el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social que el derecho al reconocimiento de las prestaciones:

Prescribirá al año, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate. Caducará al año, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate. Caducará a los cinco años, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate. Prescribirá a los cinco años, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate.

55Señale la respuesta INCORRECTA. El derecho a la percepción de la prestación por desempleo, al amparo de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se suspenderá por la entidad gestora, entre otros casos:

Durante el período que corresponda por imposición de sanción por infracciones leves en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta ajena de duración inferior a doce meses. Mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta propia de duración inferior a sesenta meses, causando alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. En todo caso, mientras el titular del derecho esté cumpliendo condena que implique privación de libertad.

56En base a qué título competencial se aprueba la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

Constituye legislación básica del Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.13ª de la Constitución. Constituye legislación básica del Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª de la Constitución. Constituye legislación básica del Estado conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.13ª y 149.1.18ª de la Constitución. En desarrollo del artículo 135 de la Constitución.

57De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, las transferencias corrientes de carácter nominativo destinadas a financiar total o parcialmente y con carácter indiferenciado la actividad del beneficiario se librarán:

En todo caso, por doceavas partes, sin perjuicio de las limitaciones legalmente aplicables o de los acuerdos de restricción de gasto público que el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia económica y presupuestaria, pudiera adoptar. Por doceavas partes, sin perjuicio de los acuerdos de restricción de gasto público que el Pleno de la Junta General del Principado pudiera adoptar a propuesta motivada del Consejo de Gobierno. Conforme a un calendario de necesidades que deberá ser autorizado por la Consejería competente en materia de finanzas. En caso de no existir este, por doceavas partes, todo ello sin perjuicio de los acuerdos de restricción de gasto público que el Pleno de la Junta General del Principado pudiera adoptar a propuesta motivada del Consejo de Gobierno. Conforme a un calendario de necesidades que deberá ser autorizado por la Consejería competente en materia de finanzas. En caso de no existir este, por doceavas partes, todo ello sin perjuicio de los acuerdos de restricción de gasto público que el Consejo de Gobierno pudiera adoptar.

58Conforme a la Ley del Principado de Asturias 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2020, corresponde al Consejo de Gobierno la autorización de gastos por importe superior a:

300.000 euros, salvo que se trate de gastos de urgente e inaplazable necesidad, de gastos fijos, de vencimiento periódico o de cuantía previamente determinada en consignación presupuestaria individualizada, que podrán ser autorizados por el Consejero respectivo. 300.000 euros, salvo que se trate de gastos fijos, de vencimiento periódico o de cuantía previamente determinada en consignación presupuestaria individualizada, que corresponderá autorizar en todo caso por el Consejero competente en materia económica y presupuestaria. 300.000 euros, salvo que se trate de gastos fijos de cuantía previamente determinada en consignación presupuestaria individualizada que corresponderá autorizar en todo caso por el Consejero de Administraciones Públicas. 300.000 euros, salvo que se trate de gastos fijos, de vencimiento periódico o de cuantía previamente determinada en consignación presupuestaria individualizada, que podrán ser autorizados por el Consejero respectivo. 19

59Conforme al Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, cerrado el trámite de enmiendas a la totalidad, las enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos del Principado de Asturias, cuando supongan el aumento de créditos para gastos en algún concepto:

Deberán proponer un incremento de los ingresos de igual cuantía. Deberán proponer una baja de igual cuantía en cualquier sección. En ningún caso se admiten enmiendas que supongan aumento de créditos en algún concepto. Deberán proponer una baja de igual cuantía en la misma sección.

60Conforme con lo establecido en el Texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, ¿cuáles de las siguientes obligaciones NO deben imputarse al presupuesto vigente en el momento de la expedición de las órdenes de pago?

Aquellas que, habiéndose adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico, contasen con crédito disponible en el ejercicio de procedencia. Las obligaciones por suministros, alquileres u otros contratos de pago periódico cuyos recibos o documentos de cobro correspondan al último trimestre del año anterior. Las que tengan su origen en resoluciones judiciales firmes. Las efectuadas por razones de urgencia en cumplimiento del interés general.

61De conformidad con lo establecido en el Texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias , con carácter general, qué órgano es competente para aprobar un crédito extraordinario en los Presupuestos Generales de la Administración del Principado de Asturias:

El Consejero/a competente en materia económico presupuestaria, por Resolución. El Consejo de Gobierno, por Acuerdo. El Consejo de Gobierno, por Decreto. La Junta General del Principado, por Ley.

62De conformidad con el al Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, qué órgano es el encargado de ordenar la remisión de la Cuenta General del Principado de Asturias a la Sindicatura de Cuentas para su fiscalización:

El consejero competente en materia económico presupuestaria. El Consejo de Gobierno. El Presidente de la Junta General. La Mesa de la Junta General.

63La ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, incrementó el porcentaje de cesión de impuestos cedidos en la Ley 21/2001 ¿Cuáles de las variaciones que se mencionan a continuación es correcta?

El porcentaje de cesión del IRPF pasó del 30% al 50%. El porcentaje de cesión del IVA pasó del 30% al 50%. El porcentaje de cesión del IVA pasó del 33% al 50%. El porcentaje de cesión del IRPF pasó del 33% al 50%.

64De conformidad con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, a los efectos de la cesión del Impuesto sobre sucesiones y donaciones del Estado a las Comunidades Autónomas, se considerará que las personas físicas residentes en territorio español lo son en el territorio de:

La Comunidad Autónoma de última residencia declarada a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas. La Comunidad Autónoma donde tengan su principal centro de intereses, considerándose como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La Comunidad Autónoma donde hayan permanecido un mayor número de días, del año inmediatamente anterior, contado de fecha a fecha, que finalice el día anterior al devengo del impuesto sobre sucesiones y donaciones. La Comunidad Autónoma donde hayan permanecido un mayor número de días, del periodo de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al devengo del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

65Según el Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes de Tasas y de Precios Públicos, el establecimiento, modificación y supresión de las tasas del Principado de Asturias se establecerá mediante:

Decreto del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a propuesta de la Consejería competente en materia de hacienda. Decreto del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a propuesta de la Consejería que en cada caso corresponda en razón de la materia. Decreto del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a propuesta conjunta de la Consejería competente en materia de hacienda y de la Consejería que en cada caso corresponda en razón de la materia. 21 Ley de la Junta General del Principado.

66El artículo 9.3 de la Constitución española garantiza:

El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y restrictivas de derechos colectivos, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

67De conformidad con la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo iniciará cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el art. 103.1, de la Constitución y el respeto debido a los Derechos proclamados en su Título primero:

Siempre de oficio. Únicamente a instancia de parte. Podrá inicialarla a petición de parte y únicamente proseguirla de oficio. Podrá iniciarla y proseguirla de oficio o a petición de parte.

68De conformidad con la Constitución española, los actos del Rey serán refrendados:

Únicamente por el Presidente del Gobierno. Por el Presidente del Congreso, en todo caso. Exclusivamente por el Ministros del ramo correspondiente. Por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes, salvo lo dispuesto para la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución de las Cortes prevista en el artículo

69De conformidad con la Constitución española, y en relación a las peticiones recibidas por las Cámaras:

Las Cámaras deben remitir al Gobierno las peticiones que reciban. Las peticiones pueden ser individuales, siempre por escrito, únicamente estando permitidas las colectivas en caso de presentación directa por manifestaciones ciudadanas. El Gobierno está obligado, en todo caso, a explicarse sobre su contenido. Las peticiones pueden ser individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.

70De conformidad con la Constitución española, en relación a la moción de censura:

Si no fuere aprobada por las Cámaras, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. Si no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra dentro de la misma Legislatura, mientras no transcurra un año desde la votación de aquélla. Si no fuere aprobada por las Cámaras, sus signatarios no podrán presentar otra dentro de la misma Legislatura, mientras no transcurra un año desde la votación de aquélla. Si no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

71De conformidad con la Constitución española, señale la respuesta INCORRECTA:

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. La ley orgánica del Poder Judicial establecerá el estatuto del Consejo General del Poder Judicial y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por veinte miembros, entre los que se encuentra el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, nombrados por el Rey por un período de cinco años.

72De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro interesado. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Consejo de Ministros. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto de Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.

73De conformidad con el artículo 144 de la Constitución española:

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, deberán acordar un Estatuto de autonomía para los territorios que no estén integrados en la organización provincial. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica deberán acordar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán sustituir la iniciativa de las Comunidades Autónomas cuyo ámbito territorial no supere el de una provincia. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.

74De conformidad con la Constitución española, el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de sus normas reglamentarias, exclusivamente. Por la Intervención General de la Administración del Estado, el económico, contable y presupuestario. Por el Gobierno, previo dictamen vinculante del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma respectiva, el del ejercicio de funciones a que se refiere el apartado 3 de articulo 150 Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.

75De conformidad con el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, se regularán necesariamente mediante ley de la Junta General las siguientes materias. Señale la respuesta INCORRECTA:

El régimen general presupuestario del Principado. El establecimiento, la modificación y supresión de los impuestos propios, tasas y contribuciones especiales. El establecimiento y la modificación y supresión de los recargos sobre los impuestos del Estado. El establecimiento y la modificación y supresión de los precios públicos.

76De conformidad con la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, señale la respuesta INCORRECTA:

La Junta General autoriza al Consejo de Gobierno la prestación del consentimiento para obligarse en los convenios y acuerdos del Principado de Asturias con otras Comunidades Autónomas, así como supervisa su ejecución. La Junta General recibe la información que ha de remitirle el Consejo de Gobierno sobre tratados y convenios internacionales en cuanto se refieran a materias de particular interés para el Principado de Asturias, emitiendo su parecer sobre los mismos. La Junta General autoriza el recurso al crédito. La Junta General no podrá delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley.

77De conformidad con la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:

La moción de censura habrá de ser propuesta al menos por un 15 por 100 de los miembros de la Junta, habrá de incluir un candidato a Presidente del Principado de Asturias, y no podrá ser votada hasta que transcurran dos días desde su presentación. Una vez presentada una moción de censura en los cinco primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. Si la Junta General le negara su confianza, el Presidente del Principado presentará su dimisión ante la misma, y el Presidente de aquella convocará en el plazo máximo de cinco días la sesión plenaria para la elección de nuevo Presidente del Principado. Si una moción de censura no fuese aprobada por la Junta General, sus signatarios no podrán presentar otras mientras no transcurra un año desde aquélla dentro de la misma legislatura.

78La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, al regular las competencias de los órganos del Principado de Asturias y su ejercicio, establece lo siguiente:

Salvo prohibición expresa, las competencias que se ejercen por delegación podrán a su vez ser delegadas en órganos jerárquicamente inferiores. No podrán ser objeto de delegación las competencias administrativas del Consejo de Gobierno. Las competencias atribuidas a los titulares de las Consejerías podrán ser desconcentradas en órganos jerárquicamente dependientes, por Resolución del titular de la Consejería de Presidencia a propuesta del titular de la correspondiente Consejería. Las competencias de los titulares de las Consejerías podrán ser delegadas por estos en los de las Secretarías Generales Técnicas.

79De conformidad con la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, podrá solicitar dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias:

El Delegado del Gobierno en el Principado de Asturias. El Presidente de la Junta General del Principado de Asturias. El Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias El Presidente del Principado de Asturias.

80De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde al Pleno del Ayuntamiento la siguiente competencia:

El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado. El nombramiento de los tenientes de alcalde. La inspección e impulso de los servicios y obras municipales. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

81De conformidad con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las disposiciones administrativas que vulneran la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, podrán ser declaradas nulas de pleno derecho, en cualquier momento por las Administraciones Públicas, siempre que se observe el siguiente trámite:

Previo dictamen favorable del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma. Previo dictamen favorable de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Previo dictamen favorable del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma, y del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. 26 Previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad Autónoma si lo hubiere.

82De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la ejecución forzosa de los actos administrativos es cierto que:

En caso de existir varios medios de ejecución forzosa admisibles, el órgano competente para resolver el procedimiento elegirá el más efectivo de entre ellos. Habrá lugar a la ejecución solidaria, cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por un sujeto distinto del obligado. Los actos que impongan una obligación personalísima de hacer, podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas, siempre previo apercibimiento. La misma puede consistir en acudir a un procedimiento de apremio sobre el patrimonio.

83Señale la opción INCORRECTA respecto de la actividad administrativa de Servicio Público:

El principio de gratuidad sólo es aplicable cuando se deriva de la naturaleza del servicio o viene impuesto por una norma constitucional o legislativa específica. Por el principio de neutralidad, es ilícita su utilización con fines partidistas, como un medio de propaganda o favoritismo. El principio de adaptabilidad de los servicios públicos supone que quien los presta, Administración o concesionario, está obligado a incorporar a la prestación los adelantos técnicos que se vayan produciendo. Por el principio de continuidad, el servicio público debe desarrollarse de forma ininterrumpida en todo caso, cualquiera que sea la naturaleza de la prestación.

84Según la Ley 39/2015, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial el plazo de prescripción del derecho a reclamar, en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, empezará a computarse:

Desde el momento en el que se produjo el daño físico o psíquico. Desde el momento en el que se diagnosticó el daño físico o psíquico. Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Desde el momento en el que se determinó la gravedad de la lesión producida.

85Conforme al régimen jurídico de aplicación al derecho de huelga, contenido en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo, depurado por Sentencia del Tribunal Constitucional, de 8 de abril de 1981, señale la respuesta INCORRECTA. La huelga es ilegal:

Cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados. Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un Convenio Colectivo o lo establecido por laudo. Cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley, o lo expresamente pactado en Convenio Colectivo para la solución de conflictos. Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte al interés profesional de quienes la promuevan o sostengan.

86De conformidad con la regulación contenida en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, señale la respuesta INCORRECTA:

El funcionario en situación de excedencia forzosa tendrá derecho a percibir las retribuciones básicas que le correspondan, y las prestaciones familiares, siendo computable a todos los efectos el tiempo en que se permanezca en tal situación. Los funcionarios que cesen en el desempeño de un puesto de trabajo por alteración de su contenido o supresión de sus puestos en las relaciones de puestos de trabajo, continuarán percibiendo, en tanto se les atribuye otro puesto y durante el plazo máximo de tres meses, las retribuciones complementarias correspondientes al puesto suprimido o cuyo contenido haya sido alterado. Se garantiza al personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social un complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, sumado a la prestación del citado Régimen, alcance el cien por cien de las retribuciones acreditadas en nómina con carácter fijo en el mes de inicio de la incapacidad temporal. Las retribuciones básicas correspondientes al personal eventual se fijarán de acuerdo con las asignadas a los funcionarios del grupo A, excluida antigüedad, y las retribuciones complementarias, según lo que se determine en la relación de puestos de trabajo. 28

87De conformidad con el artículo 36 del Texto refundido la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se entiende por igualdad de trato a las personas con discapacidad, en el empleo, en la formación y la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo:

Que una disposición legal regule la adopción de medidas de acción positiva para las personas con discapacidad. Que una disposición legal regule la prohibición de discriminación por motivo o por razón de discapacidad. La ausencia de toda cláusula convencional o contractual discriminatoria por motivo o por razón de discapacidad. La ausencia de toda discriminación directa o indirecta por motivo o por razón de discapacidad.

88El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se compone de:

Un preámbulo, 100 artículos repartidos en un título preliminar y ocho títulos numerados, dieciséis disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. 100 artículos repartidos en un título preliminar y ocho títulos numerados, dieciséis disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. Un preámbulo, 100 artículos repartidos en ocho títulos numerados, dieciséis disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. 100 artículos repartidos en ocho títulos numerados, dieciséis disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

89De conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan con carácter general de forma:

Mancomunada. Proporcional. Solidaria. Individualizada.

90De conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respecto de la prescripción de las infracciones:

Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que se inicia la conducta infractora. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que la infracción se hubiera cometido. Se reinicia el plazo de prescripción interrumpido si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 30