Examen de Cuerpo Administrativo de la Xunta de Galicia 2023 con soluciones

Modalidad de la prueba

Test

Carácter: Teórica
Preguntas: 120
Corrección automática: Sí
Respuestas correctas: Plantilla definitiva

Contenido del examen

120 preguntas · 14 materias

Unión Europea 28 preguntas · 23,3 %
Derecho autonómico de Galicia 24 preguntas · 20 %
Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) 15 preguntas · 12,5 %
Empleo público 13 preguntas · 10,8 %
Constitución Española 11 preguntas · 9,2 %
Presupuestos y contabilidad pública 6 preguntas · 5 %
Igualdad de género 5 preguntas · 4,2 %
Prevención de riesgos laborales 4 preguntas · 3,3 %
Transparencia y Buen Gobierno (Ley 19/2013) 4 preguntas · 3,3 %
Discapacidad 3 preguntas · 2,5 %
Subvenciones Públicas (Ley 38/2003, LGS) 3 preguntas · 2,5 %
Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015) 2 preguntas · 1,7 %
Protección de Datos Personales (RGPD UE 2016/679 y LOPDGDD – LO 3/2018) 1 pregunta · 0,8 %
Seguridad Social 1 pregunta · 0,8 %

Sistema de puntuación

+1 correcta
−0,25 incorrecta
0 en blanco

Puntuación máxima: 50Mínimo para superar la prueba: 25

Según la documentación oficial del proceso.

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Resolución de 22/06/2022, base II.1.1.1: 120 preguntas con 4 alternativas y 6 de reserva; de 0 a 50 puntos (mínimo 25); cada respuesta incorrecta descuenta un cuarto de una correcta.

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0 de 120 respondidas

Pregunta 1 de 120 Constitución Española En relación con los partidos políticos enumerados en el artículo 6 de la Constitución Española:

Son instrumento fundamental para la participación política. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Expresan el pluralismo político. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 2 de 120 Constitución Española El artículo 7 de la Constitución Española indica, sobre la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, que deberán ser:

Libres. Democráticos. Legales. Reglamentarios.

Pregunta 3 de 120 Constitución Española Según lo que dispone el artículo 10.2 de la Constitución Española, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con (señale la respuesta incorrecta):

La ley. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Los tratados internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Los acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Pregunta 4 de 120 Constitución Española ¿Mediante qué norma se regulará la institución del Defensor del Pueblo según lo que dispone el artículo 54 de la Constitución Española?:

Real Decreto. Ley orgánica. Decreto Legislativo. Ley ordinaria.

Pregunta 5 de 120 Constitución Española El artículo 147 de la Constitución Española establece que los Estatutos de Autonomía deberán contener:

La creación y estructuración de su propia Administración pública. La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. La composición del órgano que asumirá la potestad legislativa. Las funciones de su órgano colegiado de gobierno.

Pregunta 6 de 120 Constitución Española Según el artículo 97 de la Constitución Española, el Gobierno:

Ejerce la función legislativa. Dirige la Administración civil y penal. Ejerce la potestad reglamentaria. Dirige la política nacional.

Pregunta 7 de 120 Constitución Española ¿Cuál es el supremo órgano consultivo del Gobierno según el artículo 107 de la Constitución Española?

El Consejo de Gobierno. El Defensor del Pueblo. El Consejo General del Poder Judicial. El Consejo de Estado.

Pregunta 8 de 120 Constitución Española El Estado se organiza territorialmente, según el artículo 137 de la Constitución Española, en:

Comunidades Autónomas, provincias y municipios. Provincias, municipios e islas. Provincias, municipios y comarcas. Provincias, municipios y regiones.

Pregunta 9 de 120 Constitución Española En virtud de lo que establece el artículo 149.3 de la Constitución Española, ¿qué ocurre con las materias no atribuidas expresamente al Estado por ésta?

Serán de competencia exclusiva del Estado. Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos. Podrán corresponder a los Ayuntamientos si lo acuerda la mayoría absoluta del pleno. Podrán corresponder a las Diputaciones Provinciales si lo acuerda la mayoría absoluta del pleno.

Pregunta 10 de 120 Constitución Española ¿A quién corresponderá dirigir la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad, según lo que establece el artículo 154 de la Constitución Española?

Al Gobernador Civil. Al Presidente de la Comunidad Autónoma. Al Delegado del Gobierno. A las Diputaciones Provinciales.

Pregunta 11 de 120 Derecho autonómico de Galicia El artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia indica, sobre el idioma que:

Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el deber de conocerlos y usarlos. El idioma gallego es el único oficial en Galicia y todos tienen el deber de conocerlo y usarlo. Los idiomas gallego y castellano son cooficiales en Galicia y todos tienen la obligación de conocerlos y usarlos. Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos.

Pregunta 12 de 120 Derecho autonómico de Galicia La bandera de Galicia, según el artículo 6.1 de su Estatuto de Autonomía:

es blanca con una banda diagonal de color azul que la atraviesa desde el ángulo superior derecho hasta el inferior izquierdo. es blanca con una banda diagonal de color azul que la atraviesa desde el ángulo superior izquierdo hasta el inferior derecho. es blanca con una banda transversal de color azul que la atraviesa desde el ángulo superior izquierdo hasta el inferior derecho. es blanca con una banda transversal de color azul que la atraviesa desde el ángulo superior derecho hasta el inferior izquierdo.

Pregunta 13 de 120 Derecho autonómico de Galicia Según el artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Galicia, el Parlamento:

Elegirá de entre sus miembros un Presidente, la Mesa y una Diputación Permanente. El Reglamento, que deberá ser aprobado por mayoría absoluta, regulará su composición, régimen y funcionamiento. Fijará su propio presupuesto. Funcionará en Pleno y en Comisiones, y se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 14 de 120 Derecho autonómico de Galicia ¿Quién es el órgano colegiado de gobierno de Galicia según lo que dispone el artículo 16.1 de su Estatuto de Autonomía?

La Xunta. El Parlamento. La Diputación permanente. Los Diputados.

Pregunta 15 de 120 Derecho autonómico de Galicia Según el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Galicia, corresponde a la Comunidad Autónoma la defensa y promoción de los valores culturales del pueblo gallego. A tal fin, y mediante ley del Parlamento, se constituirá:

Un Fondo Cultural Gallego. El patrimonio cultural gallego. El Consejo de la Cultura Gallega. Las respuestas a) y c) son correctas.

Pregunta 16 de 120 Derecho autonómico de Galicia De acuerdo con el artículo 56.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia, si la propuesta de reforma no es aprobada por el Parlamento gallego o por las Cortes Generales, o no es confirmada mediante referéndum por el Cuerpo electoral, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación del Parlamento hasta que haya transcurrido:

3 meses. 6 meses. 5 años. 1 año.

Pregunta 17 de 120 Unión Europea De conformidad con lo dispuesto por el apartado tercero del artículo 238 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a partir del 1 de noviembre de 2014, a reserva de las disposiciones fijadas en el Protocolo sobre las disposiciones transitorias, en aquellos casos en que, en aplicación de los Tratados, no todos los miembros del Consejo participen en la votación, la mayoría cualificada se definirá como sigue:

La mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 55 % de los miembros del Consejo que represente a los Estados miembros participantes que reúnan como mínimo el 65 % de la población de la Unión. No obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado tercero del artículo, cuando el Consejo actúe a propuesta de la Comisión o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 72 % de los miembros del Consejo que represente a Estados miembros participantes que reúnan como mínimo el 65 % de la población de dichos Estados. Una minoría de bloqueo estará compuesta al menos por el número mínimo de miembros del Consejo que represente al menos al 35 % de la población de los Estados miembros participantes, más un miembro, a falta de lo cual la mayoría cualificada se considerará alcanzada. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Pregunta 18 de 120 Unión Europea Señale la respuesta correcta según el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea:

El Consejo de Asuntos Generales velará por la coherencia de los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo. Preparará las reuniones del Consejo y garantizará su actuación subsiguiente, en contacto con el Presidente del Consejo y la Comisión. Un Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros se encargará de preparar las reuniones del Consejo Europeo y garantizará su actuación subsiguiente, en contacto con el Presidente del Consejo Europeo y la Comisión. El Consejo de Asuntos Generales velará por la coherencia de los trabajos del Consejo Europeo. Preparará las reuniones del Consejo y garantizará su actuación subsiguiente, en contacto con el Presidente del Consejo Europeo y del Consejo. El Consejo de Asuntos Generales velará por la coherencia de los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo. Preparará las reuniones del Consejo Europeo y garantizará su actuación subsiguiente, en contacto con el Presidente del Consejo Europeo y la Comisión.

Pregunta 19 de 120 Unión Europea Según lo dispuesto por el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea:

La delimitación de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En virtud del principio de subsidiariedad, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros. Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Los Parlamentos nacionales velarán por el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad con arreglo al procedimiento establecido en el mencionado Protocolo. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Pregunta 20 de 120 Unión Europea Señale la respuesta incorrecta según lo establecido por el artículo 284 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

El Banco Central Europeo remitirá un informe anual sobre las actividades del SEBC y sobre la política monetaria del año precedente y del año en curso al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, así como al Consejo Europeo. El Presidente del Banco Central Europeo presentará dicho informe al Consejo y al Parlamento Europeo, que podrá proceder a un debate general sobre esa base. Se invitará al Presidente del Consejo a que participe en las reuniones del Banco Central Europeo en las que se delibere sobre cuestiones relativas a los objetivos y funciones del SEBC. El Presidente del Banco Central Europeo y los restantes miembros del Comité Ejecutivo, a petición del Parlamento Europeo o por iniciativa propia, podrán ser oídos por las comisiones competentes del Parlamento Europeo. El Presidente del Consejo podrá someter una moción a la deliberación al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.

Pregunta 21 de 120 Unión Europea Según establece el artículo 235 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo Europeo, en las cuestiones de procedimiento:

Se pronunciará por consenso. Se pronunciará por unanimidad. Se pronunciará por mayoría simple. Se pronunciará por mayoría cualificada.

Pregunta 22 de 120 Unión Europea Según el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, el Presidente de la Comisión:

Nombrará al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Presidirá e impulsará los trabajos de la Comisión y se esforzará por facilitar la cohesión y el consenso en su seno. Determinará la organización interna de la Comisión velando por la coherencia, eficacia y colegialidad de su actuación. Adoptará la lista de las demás personalidades que se proponga nombrar miembros de la Comisión, de común acuerdo con el Consejo Europeo.

Pregunta 23 de 120 · N.º original 24 Unión Europea Según el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros. Los ámbitos de estas acciones serán, en su finalidad europea:

El medio ambiente. El espacio de libertad, seguridad y justicia. Los transportes. La protección civil.

Pregunta 24 de 120 · N.º original 25 Unión Europea Según el artículo 240 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, un Comité compuesto por Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros:

Preparará las reuniones del Consejo y garantizará su actuación subsiguiente, en contacto con el Presidente del Consejo Europeo y la Comisión. Se encargará de preparar los trabajos del Consejo Europeo y de realizar las tareas que éste le confíe. Podrá adoptar decisiones de procedimiento en los casos establecidos por el reglamento interno del Consejo. El Comité estará asistido por una Secretaría General, que estará bajo la responsabilidad de un Secretario General nombrado por el Consejo.

Pregunta 25 de 120 · N.º original 26 Unión Europea Señale, según el artículo 242 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a quién compete establecer los estatutos de los Comités previstos en los Tratados:

El Consejo, por mayoría simple, previa consulta a la Comisión. El Consejo, por unanimidad, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión, o a propuesta de la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo. El Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión. El Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa aprobación del Parlamento Europeo.

Pregunta 26 de 120 · N.º original 27 Prevención de riesgos laborales Según el artículo 23.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales:

El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente. El empresario estará obligado a comunicar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente. El empresario estará obligado a comunicar por escrito al INSS los daños para la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para su propia salud y para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.

Pregunta 27 de 120 · N.º original 28 Prevención de riesgos laborales Según el artículo 24.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en relación a la coordinación de actividades empresariales:

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán coordinarse en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores y empresarios de dos o más empresas, éstas deberán coordinarse en aplicar correctamente la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Cuando en más de un centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstos deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Pregunta 28 de 120 · N.º original 29 Prevención de riesgos laborales Según el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en relación a la vigilancia de la salud, señale la respuesta correcta:

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores podrán llevarse a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores y empresarios se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación o capacidad acreditada. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.

Pregunta 29 de 120 · N.º original 30 Prevención de riesgos laborales En relación al artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, que regula los principios de la acción preventiva, señale la respuesta correcta:

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar o no existan alternativas más seguras. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento anterior al de encomendarles las tareas. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente o adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

Pregunta 30 de 120 · N.º original 31 Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) Según el artículo 10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:

Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados y avanzados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’ Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico avanzado expedidos por prestador incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esta comunicación vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente. De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública podrá acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que deberá emitir en el plazo de diez días desde su comunicación. Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.

Pregunta 31 de 120 · N.º original 32 Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) Según lo establecido en el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (señale la respuesta incorrecta):

Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su desestimación.

Pregunta 32 de 120 · N.º original 33 Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) En relación a las medidas provisionales reguladas en el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos fundamentales amparados por las leyes. En todo caso, se extinguirán cuando se dicte la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Pregunta 33 de 120 · N.º original 34 Unión Europea De conformidad con el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en relación a las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial (señale la respuesta incorrecta):

Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Unión Europea», de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea. En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

Pregunta 34 de 120 · N.º original 35 Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) De conformidad con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la representación, señale la respuesta incorrecta:

Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. El órgano competente para la resolución del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

Pregunta 35 de 120 · N.º original 36 Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) Según el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías (señale la respuesta incorrecta):

Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder. Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier instancia administrativa y ante cualquier Administración.

Pregunta 36 de 120 · N.º original 37 Transparencia y Buen Gobierno (Ley 19/2013) Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes, de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos (señale la respuesta incorrecta):

A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. A la protección de datos de carácter personal, y, en particular, a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. Al uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

Pregunta 37 de 120 · N.º original 38 Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) De conformidad con el artículo 8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regulatorio de los nuevos interesados en el procedimiento, señale la respuesta correcta:

Si durante la instrucción de un procedimiento, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente o que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se notificará a dichas personas la resolución del procedimiento. Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.

Pregunta 38 de 120 · N.º original 39 Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) En relación con el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas (señale la respuesta correcta):

Los interesados deberán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas deberán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad podrá entenderse ya acreditada mediante el propio acto de la firma. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta Ley como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados.

Pregunta 39 de 120 · N.º original 40 Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) En relación a los Registros regulados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:

En su caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha y hora del día en que se produzcan. Los Organismos públicos y Entidades vinculadas o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.

Pregunta 40 de 120 · N.º original 41 Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) Según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos (señale la respuesta correcta):

Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se podrán efectuar las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento podrá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

Pregunta 41 de 120 · N.º original 42 Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) En relación a la declaración responsable y comunicación, reguladas en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (señale la respuesta correcta):

Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento y ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho y facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el reconocimiento de un derecho. Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.

Pregunta 42 de 120 · N.º original 43 Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) En relación a la emisión de informes regulada en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta incorrecta:

De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se proseguirán las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

Pregunta 43 de 120 · N.º original 44 Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa, (señale la respuesta incorrecta):

En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que una disposición legal o reglamentaria establezca otra cosa. Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4.

Pregunta 44 de 120 · N.º original 45 Unión Europea En cuanto a la concurrencia de sanciones regulada en el artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta correcta:

Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de minorarla la que, en su caso, deba imponer, pudiendo graduarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver podrá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver podrá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.

Pregunta 45 de 120 · N.º original 46 Unión Europea De conformidad con el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula los principios de responsabilidad, señale la respuesta correcta:

Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea anteriormente declarada. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con esta Ley. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos normativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos y en los términos que en ellos se especifiquen. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Pregunta 46 de 120 · N.º original 47 Unión Europea El artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la indemnización en los procedimientos de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Señale la respuesta correcta:

La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés social, siempre que exista acuerdo con el interesado. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación presupuestaria, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en todo caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones sociales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.

Pregunta 47 de 120 · N.º original 48 Protección de Datos Personales (RGPD UE 2016/679 y LOPDGDD – LO 3/2018) Según el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula el Archivo electrónico de documentos, señale la respuesta correcta:

Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en su caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en su caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes equipos. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección de datos y conservación de los documentos almacenados.

Pregunta 48 de 120 · N.º original 49 Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015) En relación a las actas de los órganos colegiados reguladas en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta incorrecta:

El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo podrá remitir a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso a irmativo, aprobada en la misma reunión. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especi icará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los icheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.

Pregunta 49 de 120 · N.º original 50 Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015) En relación a la abstención regulada en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta correcta:

La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias podrá dar lugar a la responsabilidad que proceda. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Es motivo de abstención tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia de tiempo o lugar. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las causas de abstención deberán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente.

Pregunta 50 de 120 · N.º original 51 Unión Europea En relación a los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas regulados en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta incorrecta:

La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. El Consejo de Ministros ijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín O icial del Estado» y en el «Diario O icial de la Unión Europea», salvo que en ella se establezca otra cosa. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

Pregunta 51 de 120 · N.º original 52 Derecho autonómico de Galicia Según el artículo 2.1 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia actúa con personalidad jurídica:

Propia. Única. Diferenciada. Solidaria.

Pregunta 52 de 120 · N.º original 53 Derecho autonómico de Galicia Según el artículo 23.2 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la creación, modificación y supresión de consellerías será aprobada:

Por ley del Parlamento de Galicia. Por orden del conselleiro respectivo. Por decreto del Consello de la Xunta. Por decreto de la persona titular de la Presidencia de la Xunta.

Pregunta 53 de 120 · N.º original 54 Derecho autonómico de Galicia El artículo 37.1 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia establece que la titularidad y el ejercicio de la potestad reglamentaria de la Comunidad Autónoma corresponde:

A la Xunta de Galicia. A las personas titulares de las consellerías. A la Xunta de Galicia y a las personas titulares de las consellerías. Al Parlamento de Galicia.

Pregunta 54 de 120 · N.º original 55 Derecho autonómico de Galicia Conforme a lo establecido en el artículo 38.1 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, las bases reguladoras aplicables a la concesión de subvenciones:

Tendrán la consideración de disposiciones administrativas de carácter general a los efectos establecidos en el título II. Adoptarán la forma de resolución si son aprobadas por la persona titular de la consellería. Adoptarán la forma de orden si son aprobadas por el Consello de la Xunta de Galicia. No tendrán la consideración de disposiciones administrativas de carácter general a los efectos establecidos en el título II.

Pregunta 55 de 120 · N.º original 56 Derecho autonómico de Galicia De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, y con respecto a la elaboración de disposiciones administrativas de carácter general, ¿en qué fase del procedimiento se someterá el proyecto al informe de la Asesoría Jurídica General?

En la fase inicial. En la fase intermedia. En la fase final. En la fase preliminar.

Pregunta 56 de 120 · N.º original 57 Derecho autonómico de Galicia De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, salvo que en ellos se disponga otra cosa, los reglamentos autonómicos entrarán en vigor:

A los veinte días hábiles de su publicación en el Diario Oficial de Galicia. A los veinte días naturales de su publicación en el Diario Oficial de Galicia. A los veinte días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A los veinte días naturales de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Pregunta 57 de 120 · N.º original 58 Derecho autonómico de Galicia Según el artículo 46.6 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la aprobación del régimen retributivo de las entidades instrumentales requerirá:

Informe previo y favorable de las consellerías competentes en materia de hacienda y de administración pública. Informe previo y favorable de los centros directivos competentes en materia de presupuestos y de función pública. Informe preceptivo y vinculante de los centros directivos competentes en materia de presupuestos y de transparencia. Informe preceptivo y favorable de las consellerías competentes en materia de presupuestos y de administraciones públicas.

Pregunta 58 de 120 · N.º original 59 Unión Europea Señale la respuesta incorrecta según lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que regula la tramitación urgente del expediente. Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad, salvo los siguientes:

Los plazos de presentación de solicitudes y de proposiciones en los procedimientos restringido y de licitación con negociación en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, que se podrán reducir según lo establecido en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 161 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 164, según el caso. El plazo de 6 días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, para que los servicios dependientes del órgano de contratación faciliten al candidato o licitador la información adicional solicitada, será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada. Los plazos de presentación de solicitudes en los procedimientos de diálogo competitivo y de asociación para la innovación en contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, no serán susceptibles de reducirse. El plazo de quince días hábiles establecido en el apartado 3 del artículo 153, como período de espera antes de la formalización del contrato.

Pregunta 59 de 120 · N.º original 60 Unión Europea Según el artículo 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que regula la adjudicación de los contratos:

Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde la apertura de las proposiciones. Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Los plazos anteriores se ampliarán en quince días cuando haya que justificar ofertas anormalmente bajas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Pregunta 60 de 120 · N.º original 61 Unión Europea Señale la respuesta correcta según lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que regula las uniones de empresarios:

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la elevación de las mismas a escritura pública hasta que se haya efectuado la formalización del contrato adjudicado a su favor. Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la adjudicación del contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida del procedimiento. A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que concurran agrupados se atenderá, en la forma que reglamentariamente se determine, a las características acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación como empresa de obras, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en el apartado 4 del presente artículo. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.

Pregunta 61 de 120 · N.º original 62 Unión Europea Según el artículo 104 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que habrán de ser tenidos en cuenta:

Serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente distinto, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. Serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente superior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. Serán establecidos por Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. Serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente inferior, en cuyo caso se aplicarán estos últimos.

Pregunta 62 de 120 · N.º original 63 Unión Europea Según el artículo 154 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que regula el anuncio de formalización de los contratos:

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días hábiles tras la adjudicación del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. El órgano de contratación, cuando proceda, enviará el anuncio de formalización al «Diario Oficial de la Unión Europea» no antes de que transcurra el plazo de 10 días después de la formalización del contrato. La adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco o de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, ya perfeccionados en virtud de lo establecido en el artículo 36.3, se publicará trimestralmente por el órgano de contratación dentro de los 30 días siguientes al fin de cada trimestre, en la forma prevista en el presente artículo. La formalización de los contratos menores serán objeto de publicación al menos trimestralmente en las condiciones establecidas en el apartado 4 del artículo 63.

Pregunta 63 de 120 · N.º original 64 Unión Europea Según lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ¿cuál de las siguientes no es una causa de nulidad de pleno derecho de los contratos celebrados por poderes adjudicadores?

La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las Comunidades Autónomas, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el medio de publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135. Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco celebrado con varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera determinado la adjudicación del contrato de que se trate a otro licitador. El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco celebrado con varios empresarios o de los contratos específicos basados en un sistema dinámico de adquisición en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera determinado la adjudicación del contrato de que se trate a otro licitador.

Pregunta 64 de 120 · N.º original 65 Igualdad de género Según el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

No cumplir el requisito de que al menos el 3 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad en el caso de empresas de más de 50 trabajadores. Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave o muy grave en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, cuando se acuerde la prohibición en los términos previstos en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. En el caso de empresas de 250 o más trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad o por infracción grave en materia medioambiental.

Pregunta 65 de 120 · N.º original 66 Unión Europea Según el artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato:

Cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras y de concesión de servicios. Cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. Cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios. Cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de servicios.

Pregunta 66 de 120 · N.º original 67 Unión Europea Según el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ¿quién podrá aprobar las fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminada para los contratos previstos en su apartado 2?:

El Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. El Ministro de Hacienda y Función Pública, mediante Orden, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. El Consejo de Ministros, previa Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. El Consejo de Ministros, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública.

Pregunta 67 de 120 · N.º original 68 Unión Europea Según lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que regula los criterios aplicables y condiciones para la clasificación de las empresas:

La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, valorada conforme a los criterios reglamentariamente establecidos de entre los recogidos en los artículos 87, 88 y 90, y determinará los contratos a cuya adjudicación puedan concurrir u optar por razón de su objeto y de su cuantía. A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos generales y subgrupos, en función de su cuantía, y dentro de éstos por categorías, por su peculiar naturaleza. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al precio del contrato, cuando la duración de este sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor estimado del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá solamente la clasificación en el grupo genérico correspondiente. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Pregunta 68 de 120 · N.º original 69 Unión Europea Según establece el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados necesitarán autorización del Consejo de Ministros, en el caso de los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de poder adjudicador:

Cuando las modificaciones de encargos autorizados por el Consejo de Ministros sean iguales o superiores al 20 % del importe del encargo. Cuando el importe del gasto que se derive del encargo, sea superior a seis millones de euros. Cuando el importe del gasto que se derive del encargo, sea igual o superior a doce millones de euros. Cuando el importe del gasto que se derive del encargo, sea superior a tres millones de euros.

Pregunta 69 de 120 · N.º original 70 Unión Europea Según el artículo 73 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores correspondiente:

Caducará, en los casos en que por sentencia penal firme así se prevea, en el plazo previsto en la misma, debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo. En defecto de previsión, esa duración no podrá exceder de cinco años desde la fecha de la condena por sentencia firme, debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo. Caducará, en el resto de los supuestos, en un plazo que no podrá exceder de tres años, debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo. Caducará pasados 3 meses desde que termine su duración, debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo.

Pregunta 70 de 120 · N.º original 71 Unión Europea Según el artículo 212 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos:

En el plazo máximo de doce meses. En el plazo máximo de ocho meses. En el plazo máximo de seis meses. En el plazo máximo de cuatro meses.

Pregunta 71 de 120 · N.º original 72 Unión Europea Según dispone el artículo 169 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que regula la tramitación del procedimiento de licitación con negociación, los órganos de contratación informarán por escrito a todos los licitadores cuyas ofertas no hayan sido excluidas, de todo cambio en las especificaciones técnicas u otra documentación de la contratación que no establezca los requisitos mínimos a que se refiere el artículo 166:

Y estos deberán presentar una nueva oferta revisada dentro del plazo de los quince días siguientes al de la recepción de la comunicación por escrito. Y les darán plazo suficiente para que presenten una nueva oferta revisada. Y estos deberán presentar una nueva oferta revisada dentro del plazo de los diez días siguientes al de la recepción de la comunicación por escrito. Y les darán un plazo de cinco días para que presenten una nueva oferta revisada.

Pregunta 72 de 120 · N.º original 73 Unión Europea Según el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la subcontratación. En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. Que la actividad concertada con terceros no sobrepase del 20 por ciento del importe del contrato y dicho importe no sea superior a 60.000 euros. Que el contratista tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del órgano de contratación.

Pregunta 73 de 120 · N.º original 74 Subvenciones Públicas (Ley 38/2003, LGS) ¿Qué se entiende por subvención a tenor de lo que dispone el artículo 2.1 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia?

Los beneficios fiscales a favor de los usuarios de bienes y de servicios públicos aplicables en los precios correspondientes. Toda disposición dineraria realizada por la Administración de la Comunidad Autónoma, o por una entidad vinculada o dependiente de ella, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los requisitos establecidos en dicho artículo. Las aportaciones dinerarias a favor de otras administraciones y a favor de organismos y entidades dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma sometidos al ordenamiento autonómico destinadas a financiar global o parcialmente su actividad con carácter indiferenciado. Las aportaciones dinerarias a favor de otras administraciones públicas o de sus entidades dependientes, establecidas mediante norma legal o reglamentaria y destinadas a financiar actividades de su competencia o impuestas por una norma emanada de la administración otorgante.

Pregunta 74 de 120 · N.º original 75 Derecho autonómico de Galicia ¿A cuál de los siguientes ámbitos no le es aplicable la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, según lo previsto en el artículo 3.1?

A la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia. A los organismos autónomos, agencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariales y consorcios autonómicos. A los organismos y entidades del Estado radicados en el territorio de Galicia. A las entidades locales de Galicia, incluidos los organismos y entes dependientes de las mismas.

Pregunta 75 de 120 · N.º original 76 Subvenciones Públicas (Ley 38/2003, LGS) ¿Cuál es el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones según el artículo 19.1 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia?

El prorrateo. La concesión directa. La concurrencia no competitiva. La concurrencia competitiva.

Pregunta 76 de 120 · N.º original 77 Subvenciones Públicas (Ley 38/2003, LGS) Conforme a lo que dispone el artículo 30.5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, la administración concedente podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionables por uno o varios de los siguientes medios:

Tasación pericial contradictoria. Dictamen de peritos de la administración. Estimación por referencia a los valores recogidos en los registros oficiales de carácter fiscal. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 77 de 120 · N.º original 78 Empleo público ¿Cuál de estos principios generales no se establece en el artículo 49 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, con respecto a la selección del personal al servicio de las administraciones públicas?

Igualdad, con especial atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de las personas con discapacidad. Mérito y capacidad. Publicidad de las convocatorias y de sus bases. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las pruebas a desarrollar.

Pregunta 78 de 120 · N.º original 79 Empleo público Señale la respuesta incorrecta. Las obligaciones a las que está sujeto el personal funcionario de carrera que se encuentre en la situación de excedencia forzosa según lo que se establece en el artículo 179.3 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, son:

Desempeñar puestos de trabajo en sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual. Aceptar los destinos adecuados a su cuerpo o escala que se le ofrezcan. Participar en los cursos de formación a los que sea convocado. Participar en los concursos convocados para puestos adecuados a su cuerpo o escala, solicitando estos puestos.

Pregunta 79 de 120 · N.º original 80 Empleo público De conformidad con lo establecido en el artículo 184.2 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, la potestad disciplinaria no se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:

Legalidad. Responsabilidad. Publicidad. Presunción de inocencia.

Pregunta 80 de 120 · N.º original 81 Derecho autonómico de Galicia De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, ésta se aplica al personal funcionario y, en lo que proceda, al personal laboral al servicio de las siguientes administraciones públicas (Señale la respuesta incorrecta):

Las entidades locales gallegas. Las entidades públicas instrumentales vinculadas o dependientes de las entidades locales gallegas. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia. Las universidades públicas y privadas gallegas.

Pregunta 81 de 120 · N.º original 82 Derecho autonómico de Galicia Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 13.2 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, al Consello de la Xunta de Galicia le corresponde, en particular:

Decidir las propuestas de resolución de los expedientes disciplinarios que supongan separación del servicio o despido disciplinario, previos informes y dictámenes preceptivos. Aprobar la adscripción de cuerpos o escalas a una determinada consellería, a propuesta de la persona titular de la consellería competente en materia de función pública, así como la adscripción de puestos de trabajo a un cuerpo o escala. Elaborar la propuesta de relación de puestos directivos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico. Determinar anualmente el número máximo del personal eventual de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como sus características y retribuciones.

Pregunta 82 de 120 · N.º original 83 Empleo público De conformidad con lo que señala el artículo 18.5 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, ¿a qué órgano colegiado de coordinación y asesoramiento en materia de personal le corresponde ser informada de los expedientes disciplinarios que impliquen separación del servicio de personal funcionario?

A la Comisión de Personal. A la Comisión Superior de Personal. A la Comisión General de Retribuciones. A la Comisión Mixta de Personal.

Pregunta 83 de 120 · N.º original 84 Empleo público De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, ¿cuál es el plazo a contar a partir de la fecha de la firmeza de la sentencia judicial, en que las relaciones de puestos de trabajo serán objeto de las modificaciones para ajustarlas a la creación de puestos derivados de sentencias judiciales firmes que reconozcan situaciones laborales de carácter indefinido?

La propuesta de modificación deberá efectuarse en el plazo de seis meses. La propuesta de modificación deberá efectuarse en el plazo de tres meses. La propuesta de modificación deberá efectuarse en el plazo de doce meses. La propuesta de modificación deberá efectuarse en el plazo de cuatro meses.

Pregunta 84 de 120 · N.º original 85 Empleo público Señale la respuesta correcta. El artículo 34.4 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia, establece que el personal funcionario de carrera que tenga reconocida la condición de personal directivo y sea nombrado para desempeñar un puesto calificado como directivo en la correspondiente relación de puestos directivos:

Mantendrá la situación de servicio activo en el cuerpo o escala al que pertenezca. Será declarado en la situación de servicios especiales. Será declarado en la situación de servicios en otras administraciones. Será declarado en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

Pregunta 85 de 120 · N.º original 86 Empleo público Señale la respuesta correcta. El artículo 38.4 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia, determina lo que incluirán, como mínimo, por cada puesto, las relaciones de puestos de trabajo.

La denominación del cuerpo o escala. La adscripción orgánica. Las funciones que deba desempeñar el personal. El nivel de titulación o titulaciones concretas.

Pregunta 86 de 120 · N.º original 87 Empleo público Pueden acceder al empleo público como personal funcionario en igualdad de condiciones con las personas de nacionalidad española de acuerdo con lo que se establece en el artículo 52.1 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia:

Las personas que posean la nacionalidad de otros estados miembros de la Unión Europa. Las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que sean cónyuges de personas que posean la nacionalidad española o de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separadas de derecho. Las personas, incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 87 de 120 · N.º original 88 Empleo público De conformidad con lo establecido en el artículo 69.1 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia, la rehabilitación de la condición de personal funcionario como consecuencia de jubilación por incapacidad permanente para el servicio se hará en el último puesto de trabajo que haya ocupado con carácter definitivo, si la solicitud se presenta antes de que transcurran:

Treinta y seis meses desde la extinción de la relación de servicio. Tres años desde la extinción de la relación de servicio. Dos años desde la extinción de la relación de servicio. Cuarenta y ocho meses desde la extinción de la relación de servicio.

Pregunta 88 de 120 · N.º original 89 Empleo público ¿Cuál de los siguientes, según lo que se establece en el artículo 88 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia, no es un procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo por el personal funcionario de carrera?

El concurso específico. La permuta de puestos de trabajo. La libre designación. El concurso ordinario.

Pregunta 89 de 120 · N.º original 90 Empleo público Para establecer los criterios de asignación de puestos de trabajo por el procedimiento de reasignación de efectivos se tendrán en cuenta por orden de prelación, las siguientes situaciones y circunstancias del personal funcionario afectado de acuerdo con lo que se establece en el artículo 103.3 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia. (Señale la respuesta incorrecta):

Cargas familiares. Antigüedad. Diferencia de retribuciones entre ambos puestos. Edad.

Pregunta 90 de 120 · N.º original 91 Empleo público De acuerdo con lo que se establece en el artículo 116 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia, el personal funcionario tiene derecho a solicitar un permiso en los casos de accidente o enfermedad muy graves del cónyuge o pareja de hecho o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad:

De duración máxima de treinta días naturales. De duración máxima de un mes. De duración máxima de cinco días hábiles si se produce en distinta localidad. De duración máxima de tres días hábiles si se produce en la misma localidad.

Pregunta 91 de 120 · N.º original 92 Empleo público Señale cuál es la respuesta correcta en relación con la activación para la prestación de servicios de los reservistas voluntarios en las fuerzas armadas según lo que se establece en el artículo 167 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia.

Tendrán derecho a los permisos necesarios. Serán declarados en la situación de servicios especiales. Pasarán a la situación de suspensión de funciones. Serán declarados en la situación de servicios en otras administraciones públicas.

Pregunta 92 de 120 · N.º original 93 Presupuestos y contabilidad pública ¿Cuál de las siguientes no es una materia propia de la Hacienda Pública de Galicia, según el artículo 1.2 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia?

El régimen de su patrimonio. La organización y regulación de la Tesorería. El procedimiento presupuestario en sus distintas fases de elaboración, gestión y aprobación. El endeudamiento y la concesión de avales y otras garantías.

Pregunta 93 de 120 · N.º original 94 Derecho autonómico de Galicia Según el artículo 4.3 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, ¿cuál es el órgano encargado de la ejecución de las funciones de control interno y de contabilidad reguladas en esta ley?

El Consello de Contas. La Intervención General de la Comunidad Autónoma. El Tribunal de Cuentas. La consellería competente en materia de Hacienda.

Pregunta 94 de 120 · N.º original 95 Presupuestos y contabilidad pública El artículo 49 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, dispone que la clasificación económica de los estados de gastos informará:

Sobre la naturaleza del gasto. Sobre los objetivos que se pretenden conseguir con los recursos asignados. Sobre los indicadores de seguimiento. Sobre el agente que realiza el gasto.

Pregunta 95 de 120 · N.º original 96 Presupuestos y contabilidad pública De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, ¿cuándo queda formalizada la reserva del crédito por un importe y unas condiciones exactamente determinados?

Con la retención de crédito. Con los actos de disposición. Con la autorización del gasto. Con el reconocimiento de la obligación.

Pregunta 96 de 120 · N.º original 97 Presupuestos y contabilidad pública Según el artículo 77.2 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, ¿cuál de los siguientes no es un supuesto en el que puedan expedirse órdenes de pago a justificar?

Cuando los documentos justificativos no puedan adjuntarse antes de efectuar la propuesta de pago. Cuando se considere conveniente la utilización de este sistema para agilizar significativamente la gestión de los créditos. Cuando se trate de gastos periódicos o repetitivos destinados a gastos corrientes en bienes y servicios. Cuando las órdenes de pago tengan por objeto satisfacer gastos en localidades donde no existan dependencias del organismo autónomo de que se trate.

Pregunta 97 de 120 · N.º original 98 Presupuestos y contabilidad pública ¿Quién establece las normas generales que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar, según el artículo 77.3 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia?

El Consello de la Xunta, oídas las consellerías, previo informe de la Intervención General. El Consello de la Xunta, previo informe de la Consellería de Economía y Hacienda. La Consellería de Economía y Hacienda, oídas las consellerías, previo informe de la Intervención General. La Intervención General de la Comunidad Autónoma, oídas las intervenciones delegadas.

Pregunta 98 de 120 · N.º original 99 Discapacidad Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, corresponde a la definición de:

Discriminación directa. Discriminación indirecta. Discriminación por asociación. Acoso.

Pregunta 99 de 120 · N.º original 100 Discapacidad De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ¿cuál de los siguientes no es un principio de esta ley?

La normalización. La accesibilidad universal. El diálogo social. La vida independiente.

Pregunta 100 de 120 · N.º original 101 Igualdad de género Según lo establecido en el artículo 23.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ¿quién regulará las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen los mismos niveles de igualdad de oportunidades a todas las personas con discapacidad?

Los ayuntamientos o diputaciones provinciales competentes por razón del territorio. El Gobierno, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Los gobiernos autonómicos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Administración general del Estado. Las entidades locales, previa firma del oportuno convenio con la administración autonómica competente.

Pregunta 101 de 120 · N.º original 102 Discapacidad Según el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ¿quién se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad?

La persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La persona titular del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El Observatorio Estatal de la Discapacidad. La Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

Pregunta 102 de 120 · N.º original 103 Derecho autonómico de Galicia Según el artículo 36 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, el informe anual al Parlamento:

En el apartado relativo al grado de aplicación y cumplimiento de esta ley, se recogerá, en todo caso, la evaluación del grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de los distintos sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, formulándose requerimientos expresos en el caso de cumplimiento insuficiente. Se presentará al Parlamento y estará también a disposición de la ciudadanía dentro del Portal de transparencia y Buen Gobierno, así como en la página web de la Xunta de Galicia. Se presentará al Parlamento y estará también a disposición de la ciudadanía dentro del Portal de transparencia y Buen Gobierno, así como en la sede electrónica del Valedor del Pueblo. Se presentará al Parlamento y estará también a disposición de la ciudadanía dentro del Portal de transparencia y Buen Gobierno, así como en la página web del Parlamento.

Pregunta 103 de 120 · N.º original 104 Transparencia y Buen Gobierno (Ley 19/2013) Según el artículo 41.3 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en cuanto a la compatibilidad, para el ejercicio de las funciones docentes se requerirá autorización expresa:

Del Consello de la Xunta. De la persona titular de la consellería competente en materia de educación. De la persona titular de la dirección general competente en materia de función pública. De la persona titular de la consellería competente en materia de función pública.

Pregunta 104 de 120 · N.º original 105 Derecho autonómico de Galicia De conformidad con el artículo 38 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, que regula el nombramiento y ejercicio de alto cargo, señale la respuesta correcta:

El nombramiento del alto cargo se hará entre personas competentes y se realizará atendiendo a criterios de idoneidad profesional entre personas con cuali icación, formación y experiencia en función del cargo a desempeñar. La idoneidad será apreciada por quien propone o por quien nombra al alto cargo. La adhesión al Código ético institucional de la Xunta de Galicia deberá figurar expresamente en el acto de nombramiento del alto cargo. El tratamiento oficial de los miembros del Gobierno y de los altos cargos será el de señor/señora, seguido de la denominación del cargo, empleo y rango correspondiente.

Pregunta 105 de 120 · N.º original 106 Transparencia y Buen Gobierno (Ley 19/2013) De conformidad con el artículo 44 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, que regula el deber de abstención, señale la respuesta correcta:

En caso de que se produzca en el seno de un órgano colegiado, la abstención constará y se incorporará al acta elaborada por su secretaría La abstención y recusación se realizarán por escrito para su adecuada expresión y constancia, y se las noti icarán a la persona superior inmediata o, en su defecto, al órgano que lo o la nombró, que resolverá lo procedente. En cualquiera de los casos, la abstención será comunicada en un plazo máximo de un mes a la Oficina de Incompatibilidades y Buenas prácticas para su constancia. La persona que ocupe el alto cargo deberá formular a la O icina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas cuantas cuestiones considere precisas sobre la procedencia de su abstención en asuntos concretos.

Pregunta 106 de 120 · N.º original 107 Transparencia y Buen Gobierno (Ley 19/2013) En relación al artículo 27 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, sobre la tramitación y resolución de las solicitudes de acceso, señale la respuesta correcta:

La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá noti icarse, a la persona solicitante y a los terceros afectados que así lo hubiesen solicitado, lo antes posible y, como más tarde, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Cuando las solicitudes se re ieran a información que afecte a derechos e intereses de terceros, el órgano encargado de resolver les concederá un plazo de quince días naturales para que puedan formular alegaciones. La tramitación y resolución de las solicitudes de acceso se efectuará conforme a lo previsto en la normativa básica en materia de transparencia La tramitación de las solicitudes de acceso se efectuará conforme a lo previsto en esta ley y en la normativa básica en materia de transparencia.

Pregunta 107 de 120 · N.º original 108 Derecho autonómico de Galicia ¿Cómo se denomina el órgano colegiado e institucional de Galicia al que corresponden, entre otras, la función de seguimiento de los correspondientes planes para la igualdad de oportunidades, según lo establecido en el artículo 6.1 del Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad?

Comisión Interdepartamental de Igualdad. Consejo Gallego de las Mujeres. Consejo Gallego de Participación de las Mujeres. Comisión de Participación de las Mujeres en el Ámbito del Empleo y de las Relaciones Laborales.

Pregunta 108 de 120 · N.º original 109 Derecho autonómico de Galicia ¿En qué consiste el uso no sexista del lenguaje, de acuerdo con la definición que establece el artículo 11 del Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad?

En la utilización de expresiones lingüísticamente incorrectas substitutivas de otras, correctas o no, que invisibilizan el femenino o lo sitúan en un plano secundario respecto al masculino. En la utilización de expresiones lingüísticamente correctas substitutivas de otras, correctas o no, que invisibilizan el femenino o lo sitúan en un plano secundario respecto al masculino. En la utilización de expresiones lingüísticamente correctas substitutivas de otras incorrectas que invisibilizan el femenino o lo sitúan en un plano secundario respecto al masculino. En la utilización de expresiones lingüísticamente incorrectas substitutivas de otras correctas que invisibilizan el femenino o lo sitúan en un plano secundario respecto al masculino.

Pregunta 109 de 120 · N.º original 110 Derecho autonómico de Galicia Según el artículo 52.1 del Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, para satisfacer el principio de igual retribución por trabajo de igual valor, la Administración pública gallega:

Garantizará la igualdad de retribuciones salariales y extrasalariales entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo público. Realizará valoraciones técnicas de las plazas a cargo de personal especializado. No considerará en ningún caso el esfuerzo físico como elemento justificador de las retribuciones. Podrá considerar el esfuerzo físico como elemento justificador de las retribuciones, lo que deberá motivarse.

Pregunta 110 de 120 · N.º original 111 Derecho autonómico de Galicia De acuerdo con el artículo 58 del decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, ¿en qué lugar se efectuará la publicidad de la declaración de principios?

En el tablero de anuncios de las organizaciones sindicales que participen en el procedimiento informal de principios. En el tablero de anuncios del órgano correspondiente para incoar el procedimiento disciplinario. En el tablero de anuncios del Servicio Gallego de Salud, en todo caso. En el tablero de anuncios de cada centro de trabajo y unidad administrativa.

Pregunta 111 de 120 · N.º original 112 Derecho autonómico de Galicia De conformidad con el artículo 59.1 del decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, ¿quién designará un asesor o asesora confidencial para la tramitación del procedimiento informal de solución?

La dirección de personal de cada unidad administrativa o de cada centro de trabajo. El delegado o delegada de prevención de riesgos laborales. El centro directivo competente en materia de función pública. El centro directivo competente en materia de igualdad.

Pregunta 112 de 120 · N.º original 113 Igualdad de género Según el artículo 11.3 b) del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, la duración del contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios:

Tendrá una duración máxima de seis meses. No podrá ser inferior a tres meses ni exceder de dos años. No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año.

Pregunta 113 de 120 · N.º original 115 Igualdad de género El artículo 41.1 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores indica que tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo las que afecten a las siguientes materias (Señale la respuesta incorrecta):

Jornada de trabajo Horario y distribución del tiempo de trabajo. Régimen de trabajo a turnos. Funciones, siempre que no excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 40.

Pregunta 114 de 120 · N.º original 116 Igualdad de género Según el artículo 41.2 del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, en lo referente a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, se considera de carácter colectivo la modificación que, en un periodo de noventa días, afecte al menos a:

Cincuenta trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores. El 10% de los trabajadores en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. El 10% de los trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

Pregunta 115 de 120 · N.º original 117 Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) Según el artículo 16.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿a quién corresponderá el cumplimiento de las obligaciones de solicitar la afiliación y de dar cuenta a los correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social de los hechos determinantes de las altas, bajas y variaciones?

A la Administración de la Seguridad Social. A las personas y entidades que reglamentariamente se determinen. Al empresario. Al trabajador.

Pregunta 116 de 120 · N.º original 118 Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) Según el artículo 42.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá la asistencia sanitaria en los casos de:

Maternidad, enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo. Maternidad, enfermedad profesional y accidente de trabajo. Maternidad, enfermedad común y accidente no laboral. Maternidad, enfermedad común y profesional y accidente laboral.

Pregunta 117 de 120 · N.º original 119 Seguridad Social El artículo 194.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece que la incapacidad permanente se clasificará en los siguientes grados:

Incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total e incapacidad permanente absoluta. Invalidez permanente parcial, Invalidez permanente total e invalidez permanente absoluta. Incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y gran discapacidad. Incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y gran invalidez.

Pregunta 118 de 120 · N.º original 120 Procedimiento Administrativo (Ley 39/2015) ¿Cuál de las siguientes prestaciones se encuentra entre las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, enumeradas en el artículo 351 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?

Una prestación económica por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural. Una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples. Una prestación temporal de viudedad. Una prestación de orfandad.

Pregunta 119 de 120 · Reserva original 121 Constitución Española Según el artículo 13.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, el convenio de colaboración que se formalice entre el órgano administrativo concedente y la entidad colaboradora, habrá de contener:

Compensación económica que, en su caso, se fije a favor de la entidad colaboradora. Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor de la entidad colaboradora, medios de constitución y procedimiento de cancelación. Forma de justificación por parte de la entidad colaboradora del cumplimiento de las condiciones para el otorgamiento de las subvenciones. Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir el órgano administrativo concedente en las diferentes fases del procedimiento de gestión de las subvenciones.

Pregunta 120 de 120 · Reserva original 122 Presupuestos y contabilidad pública ¿Cuál de las siguientes no está comprendida entre las competencias de la Consellería de Economía y Hacienda establecidas en el artículo 7 del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia?

La elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. El control de eficacia y eficiencia respecto a los objetivos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad. La administración, gestión y recaudación de los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma. La aprobación de la política económica y financiera de Galicia.

Preguntas anuladas por el tribunal

Ver todas las anuladas

El tribunal anuló 2 preguntas de este examen. No se incluyen en el test ni cuentan para la nota. Se muestra el motivo de la anulación.

Pregunta original 23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 297 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las decisiones se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea:

Unión Europea
- a) En todo caso.
- b) Cuando tengan por destinatarios a todos los Estados miembros
- c) Cuando no indiquen destinatario.
- d) En ningún caso. Las decisiones se notificarán a sus destinatarios y surtirán efecto en virtud de dicha notificación.
Motivo de la anulación: Anulada por el tribunal al revisar las reclamaciones (resolución de 11/07/2023, DOG núm. 156); la sustituye la reserva 121.
Pregunta original 114. De conformidad con lo que se establece en el artículo 12.5 b) del Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores solo se podrá formalizar un pacto de horas extraordinarias en el caso de contratos a tiempo parcial con una jornada de trabajo no inferior:

Igualdad de género
- a) A diez horas semanales en cómputo anual.
- b) A quince horas semanales en cómputo anual.
- c) A veinte horas semanales en cómputo anual.
- d) A treinta horas semanales en cómputo anual.
Motivo de la anulación: Anulada por el tribunal al revisar las reclamaciones (resolución de 11/07/2023, DOG núm. 156); la sustituye la reserva 122.

Fuentes oficiales

Cuestionario oficial (SHA-256 01d00cd4c065fc82…) y plantilla de respuestas (SHA-256 35c1455713167761…) publicados por el organismo. Resolución de 11/07/2023 (DOG núm. 156): anuladas 23 y 114, sustituidas por las reservas 121 y 122; las reservas 123-126 no tienen respuesta oficial y no se cargan.

Cuestionario oficial xunta.es (abre en una pestaña nueva)
Plantilla definitiva de respuestas xunta.es (abre en una pestaña nueva)
Bases o temario xunta.gal (abre en una pestaña nueva)

Denominación del examen: Primer ejercicio (test) - Cuerpo Administrativo (Subgrupo C1), turno libre (Xunta de Galicia)

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